Las nuevas ordenanzas del servicio de ayuda a domicilio en Telde entran en vigor a finales de marzo

Telde cumple por primera vez en 15 años todos los indicadores de la auditoría económica del Gobierno de Canarias

 

Telde, a 2 de marzo de 2022.- Las nuevas ordenanzas que regulan el acceso al servicio de ayuda a domicilio y la que regula el coste público del mismo entrarán en vigor a finales de marzo después de concluir el proceso administrativo para su aprobación definitiva.

El concejal de Servicios Sociales, Diego Ojeda, destaca “la importancia de estas renovaciones ya que las vigentes datan de 2012 y se hacía necesario actualizar varios aspectos, como los requisitos de acceso, las obligaciones de las personas beneficiarias, la intensidad de los servicios, las incompatibilidades, la aplicación de un baremo y la relación de documentos a aportar, así como la atención de las personas en situación de dependencia”.

Estos reglamentos tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de la ciudadanía que está en situación de dificultad social, así como prevenir y evitar el internamiento de las personas para que, con la aplicación de este recurso, puedan permanecer en su medio habitual. Asimismo, se pretende favorecer en los usuarios el desarrollo de capacidades personales y de hábitos de vida adecuados, y procurar la mejora de las condiciones de convivencia de los mismos en su grupo familiar y su entorno, añade el edil.

La ordenanza del servicio de ayuda a domicilio recoge, entre otros recursos, apoyo psicológico y rehabilitador, así como social y doméstico, a las personas y/o familias que se hallen en situaciones de especial necesidad, facilitando así la permanencia y la autonomía en el medio habitual de convivencia.

En relación a la atención a las personas en situación de dependencia existe un convenio de colaboración del Ayuntamiento e Telde con el Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria para la derivación de quienes tienen reconocida la dependencia y tienen derecho a este tipo de prestación.

Por su parte, la ordenanza que regula el coste público de este servicio establece el indicador de referencia, a efectos de determinar la participación de la persona usuaria, y en su caso, de la unidad de convivencia, en el coste de los servicios. Además, define las fuentes para hacer los cálculos de su capacidad económica. “Con estos nuevos baremos se amplía la cobertura de esta prestación a la población, al reducir los porcentajes de participación del ciudadano, permitiendo también que se llegue a un mayor número de personas”, asevera Ojeda.